La decisión de suspender los artículos de jubilación anticipada y parcial del acuerdo de pensiones de 2011 puede dejar sin protección a los trabajadores
UGT considera que no es de recibo hablar de nuevas reformas, en aras a la
sostenibilidad del sistema, antes de que se aplique y se observen los efectos de
la actual reforma de pensiones. Una reforma precisamente pensada para garantizar
esta sostenibilidad y que profundiza en la contributividad mediante cambios en
la fórmula de acceso y cálculo de las prestaciones. Se establece que la edad
ordinaria de jubilación se produzca entre los 65 y los 67 años, dependiendo de
los años cotizados o de la carrera de cotización (con 38 años y 6 meses
cotizados te puedes jubilar a los 65 años y con 37 años, la jubilación será a
los 67 años). Hay que destacar que España cuenta con una de las edades reales de
jubilación más altas de la Unión Europea (63,87 años).
Esta reforma además:
Reconoce periodos cotizados a colectivos hasta ahora
penalizados en el mercado de trabajo (mujeres y jóvenes entre
ellos).
Prevé cambios en las aportaciones para reforzar la capacidad
de ingreso del sistema de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su
equidad.
Y actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación
anticipada (voluntaria, involuntaria y parcial) combinando la exigencia de
requisitos de acceso más severos y rigurosos, que desincentivarán su
utilización, con el reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta ese
momento.
La jubilación anticipada o el derecho a la jubilación
parcial, tal y como están conformadas en la reforma que entra en vigor el 1 de
enero de 2013, no atentan contra la viabilidad, ni la equidad del sistema. UGT
no entiende la premura del Gobierno y su decisión de suspender su vigencia
durante tres meses, con la posible intención de endurecer aún más su acceso. El
sindicato alerta de que esta medida puede ocasionar desprotección e inseguridad
jurídica en determinadas situaciones.
La jubilación anticipada permite dar una solución a
colectivos muy desfavorecidos, como los trabajadores que se jubilan a los 61
años porque han perdido su empleo y que por su edad es casi imposible que
consigan otro. Por otro lado, no hay que olvidar que la jubilación parcial es
una figura generadora de empleo y que España tiene una tasa de paro juvenil que
supera el 50%.
Asimismo, hay que tener en cuenta los exigentes coeficientes
reductores para quienes quieren jubilarse anticipadamente, que se sitúan entre
el 6,5% y 7,5% por año adelantado y que se aplican a toda la duración completa
de la prestación. Otro elemento que vela por la sostenibilidad financiera del
sistema de pensiones.
A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los
países europeos, en España el denominado factor de sostenibilidad ya viene
funcionando con éxito desde 1995, gracias al consenso con los interlocutores
sociales (a través del Diálogo Social) y los partidos políticos. Cualquier
reforma del sistema de pensiones debe ser consensuada, como la que va a entrar
en vigor el 1 de enero de 2013, fruto del acuerdo alcanzado en 2011 por el
anterior Gobierno socialista y los interlocutores sociales, por la mayoría de la
Comisión del Pacto de Toledo y que fue aprobado después en las Cortes
Generales.
Las pensiones públicas es el único Pacto de Estado que se
mantiene vivo en España y que ahora está siendo cuestionado. Cambios
unilaterales y precipitados pondrán en riesgo un sistema de reparto que siempre
se ha regido por principios como la equidad, la solidaridad, la cohesión y la
justicia social, sin descuidar la sostenibilidad.
La decisión sobre empleo doméstico
puede quebrar los buenos resultados
Por otra parte, UGT no entiende el empeño del Gobierno de
modificar lo que funciona, como ocurre con el régimen de empleados y empleadas
domésticos hoy en vigor y que ha obtenido unos resultados excelentes, con una
afiliación que no ha dejado de crecer por tratarse de un sector que se ha
mostrado como refugio en tiempos de crisis, principalmente para mujeres
españolas y extranjeras.
La modificación va a provocar una sobrecotización a la
Seguridad Social ya que va a cotizar por encima de cualquier sector de actividad
y de forma desproporcionada con respecto al salario que se percibe, y un aumento
de la economía sumergida.
La decisión del gobierno, por tanto, puede quebrar los
buenos resultados obtenidos con el cambio de regulación el 1 de enero de este
año, con un periodo transitorio hasta junio, que ha supuesto el incremento de
los derechos de miles de trabajadoras puesto que se trata de un sector altamente
feminizado, garantizando la protección social, por primera vez, de aquellas
personas que con la regulación anterior y por el número de horas trabajadas ni
siquiera tenían obligación de ser afiliadas al sistema y de cotizar. Hemos
pasado de una situación de precariedad en el trabajo y en la protección social
futura, a una mínima garantía de derechos que hemos de seguir
mejorando.